EL accidente del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha provocado el aplazamiento de la firma, prevista el fin de semana pasado, del acuerdo de España y Estados Unidos sobre la base de Morón. Se trata de un acuerdo importante por reforzar considerablemente la alianza militar entre los dos países, que los dos gobiernos tienen interés en dejar atado, con su aprobación por parte de los respectivos poderes legislativos, antes de las próximas elecciones generales en España.
Supondrá un salto cualitativo trascendental en las relaciones entre las dos naciones y un cambio sustancial en el convenio que las rige desde hace casi tres décadas. Básicamente significa que Morón se convertiría en la principal base aérea estadounidense para su estrategia militar en África. Podría albergar en caso de crisis hasta 3.500 marines y cuarenta aeronaves, prestas a desplegarse en los territorios africanos en conflicto, que son numerosos y variados, aunque destaca el vinculado a la extensión del Estado Islámico y las acciones terroristas de raíz islamista.
Puesto que este fenómeno de agresión y barbarie fanática constituye el primer desafío al que se enfrentan las democracias occidentales, está claro que España se encuentra concernida por su acción, no sólo como miembro de las alianzas defensivas del mundo civilizado, sino por sí misma, por su situación geográfica en plena frontera entre la libertad y el terror. Tenemos, por tanto, responsabilidades para defender nuestra integridad, seguridad y modo de vida, y también como integrantes de unos pactos de solidaridad y ayuda mutua con nuestros aliados.
El acuerdo para la ampliación y fortalecimiento de la base militar de Morón de la Frontera aparece así como una realidad inexcusable. Debe firmarse a la mayor brevedad posible, y también tras las explicaciones y el debate pertinentes que, hay que decirlo, hasta ahora se han hurtado a los ciudadanos españoles, y que con toda seguridad reafirmarán la inanidad de los argumentos contrarios que mantienen algunas organizaciones políticas, como Izquierda Unida, anquilosada en los tiempos de la Guerra Fría y que todavía continúa hablando del "rearme" y la "sumisión" a Washington para convertir a Andalucía en base de ataques a otros países.
También es necesario, en otro sentido, que las autoridades españolas consigan de sus homólogos estadounidenses ciertas garantías de que la ampliación de la instalación militar y sus operaciones no conviva con los despidos y regulaciones de empleo que se suceden entre el personal civil español de la base desde hace varios años. Son contrapartidas mínimas al esfuerzo nacional para contribuir a la defensa de la libertad colectiva.
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