Pese a que no les ha pillado por sorpresa, el anuncio ha supuesto un batacazo. Otro más. La compañía estadounidense encargada de los servicios de mantenimiento de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) ha comunicado a los trabajadores la puesta en marcha de un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 55 trabajadores, según fuentes del comité de empresa. Este es el tercer ERE que encadena la compañía Vinnell-Brown & Root Spain (VBR) desde su llegada en 2010 al recinto y que deja a la plantilla en 320 trabajadores, frente a los 594 iniciales. Tal y como denuncia el comité, esta destrucción de empleo se produce pese a que, en el último año, el número de marines ha crecido más de la mitad. El nuevo ERE ha abierto, una vez más, el debate sobre los beneficios que la base aporta a los municipios de esta comarca sevillana.
Según ha explicado el portavoz del comité de empresa, Javier Domínguez, los despedidos pertenecen a tres departamentos (abastecimiento de combustible, carga y descarga y parque móvil) que desaparecen del pliego de condiciones del nuevo contrato, que el Gobierno estadounidense pretende adjudicar en marzo de 2015 tras prorrogar el firmado con VBR. “Desde marzo, venimos denunciando esta situación y, lamentablemente, no hemos conseguido pararla. La decisión de militarizar estos servicios es del Gobierno estadounidense y es por eso por lo que el Gobierno español debe intermediar y pararlo”, explica el representante. El anuncio del ERE se produce tres semanas después de que los trabajadores se reunieran con el ministro de Defensa, Pedro Morenés. “Nos aseguró que iba a buscar una solución y desde el comité esperamos que así sea”, se ha mostrado confiado Domínguez.
Desde la llegada al recinto de VBR, la plantilla española ha encadenado otros dos ERE. Uno en 2010, que afectó a 119 trabajadores; y otro en 2013, con 66 despidos —este último declarado improcedente por el TSJA el pasado abril—. Esta destrucción de empleo ha ido de la mano de un aumento de la actividad en la base debido a la estrategia del Gobierno de EE UU de ampliar en al menos un 50% la Fuerza de Respuesta para Crisis en África. El número de marines, según apunta Domínguez, ha pasado en los últimos meses de 500 a 850 y el de aeronaves, de ocho a 17. “Lo que no es posible es que despidan a los trabajadores cuando llegan más marines y se multipliquen las horas extra”, denuncia el portavoz de los trabajadores. “Están desmantelando la plantilla española conforme van ampliando la actividad”.
El nuevo expediente ha abierto un cruce de acusaciones, no solo entre las Administraciones sino también entre los partidos políticos. “El Gobierno central debe implicarse de lleno en darle una solución a estos trabajadores”, insta el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Javier Fernández. “Morenés no ha tenido capacidad para anticiparse a esta situación. Parece que no ha habido comunicación [con el Gobierno de EE UU] cuando al final se ha echado a gente a la calle”, asegura el alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez (PSOE). Pero, según la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, estas llamadas sí se han producido. “El Gobierno no ha dejado de hacer gestiones, a todos los niveles, con la Administración estadounidense”, aclara Crespo antes de señalar que: “en esta ocasión, de los 150 despidos previstos inicialmente, la empresa VBR ha pasado a proponer un tercio”. Desde el comité de empresa han mostrado su sorpresa ante estas declaraciones pues, pese a mantener un contacto permanente con un miembro del ministerio, no se les había comunicado este avance.
Pero la incertidumbre de los trabajadores va más allá. Domínguez ha alertado de que en marzo de 2015, cuando se adjudique el nuevo contrato, habrá otro ERE para cumplir con las exigencias de reducción de gasto que impone el Gobierno de EE UU. “Las propuestas que están sobre la mesa contemplan una drástica reducción de la plantilla”, apunta el responsable. Y a esta destrucción de empleo, los trabajadores suman dos problemas: la “militarización de la base” y un aumento de la precariedad laboral. “La empresa ha contratado a 60 de los 66 trabajadores despedidos en el último ERE como eventuales y ganando un 30% menos”, recuerda Domínguez. “Creemos que es el momento de que la presidenta de la Junta y el ministro intenten solucionar la situación. Si quieren aumentar el uso de la base debe haber una contraprestación para la plantilla”, agrega.
Por otro lado, la compañía Atento Teleservicios España también ha comunicado que despedirá a 123 trabajadores de sus tres centros en la comunidad: 53 en Sevilla, 38 en Jaén y 32 en Córdoba, informa Europa Press. Estos empleados se verían afectados inicialmente de manera forzosa, aunque si los trabajadores aceptan el acuerdo el 40% de los despidos se sustituirá por salidas voluntarias.
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