El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado la razón a UGT y al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS) y ha anulado la decisión del Gobierno regional de María Dolores de Cospedal de suprimir 700 empleos públicos en las áreas sanitaria y del cuerpo general de la Administración en diversas consejerías. De ese total habían sido cubiertas con interinos unas 500 plazas, según cálculos sindicales, y el resto estaban vacantes. El fallo subraya que los trabajadores tendrán que volver a sus puestos “con el reconocimiento de todos los derechos profesionales y económicos”, lo que implica el abono de los salarios que han dejado de percibir desde el momento del cese, tras dos órdenes fechadas el 20 de agosto de 2012. Las centrales calculan que la readmisión podría costar entre 13 y 14 millones de euros.
La sentencia concluye que la Junta de Castilla-La Mancha violó “el derecho a la libertad sindical que consagra el artículo 28 de la Constitución”, porque para suprimir los puestos se convocó a la mesa sectorial una sola vez y a modo de trámite, sin que se produjese una negociación “real”. “El derecho de los sindicatos a la negociación no se satisface sin más con la celebración de reuniones sin contenido”, recalca el tribunal. Los sindicatos argumentaban que las órdenes que suprimían los puestos fueron publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha “escasamente una hora más tarde de que finalizase la mesa”.
Desde el PSOE, su secretario general Emiliano García-Page exigió este lunes a Cospedal que “pida perdón, ejecute la sentencia y cese al consejero de Presidencia que firmó la orden”. Un día después, la portavoz socialista de Empleo, Milagros Tolón, exigió a Cospedal que "no ponga excusas, porque los jueces ya han dicho muy clarito lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer es cumplir la sentencia por el bien de los trabajadores y por el bien económico de Castilla-La Mancha".
Desde el PSOE, su secretario general Emiliano García-Page exigió este lunes a Cospedal que “pida perdón, ejecute la sentencia y cese al consejero de Presidencia que firmó la orden”. Un día después, la portavoz socialista de Empleo, Milagros Tolón, exigió a Cospedal que "no ponga excusas, porque los jueces ya han dicho muy clarito lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer es cumplir la sentencia por el bien de los trabajadores y por el bien económico de Castilla-La Mancha".
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