Los 55 despidos del segundo expediente de regulación llevado a cabo por Vinnell-Brown & Root Spain elevaba a 240 el número de despidos acometidos desde 2010.
La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado «ajustado a derecho» el expediente de regulación de empleo (ERE) acometido en 2014 por Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), como sociedad gestora de los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. El TSJA, así, desestima el recurso impulsado por los 55 trabajadores contra este despido colectivo.
Hablamos de la causa que residía en la sala de lo Social del Alto Tribunal andaluz, por la impugnación del tercer expediente de regulación de empleo acometido por la sociedad estadounidense que gestionaba hasta marzo de este año los servicios civiles de la base aérea de Morón, cuyo uso comparten España y Estados Unidos.
Los 55 trabajadores despedidos en septiembre de 2014 mediante este ERE recurrieron el procedimiento reclamando la nulidad de sus despidos, sobre todo a cuenta de la creciente actividad militar de esta base de uso conjunto.
El incremento de la actividad militar en la base es tal, que España y Estados Unidos han firmado una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pase de los aproximadamente 850 infantes de marina y 17 aeronaves que acoge actualmente mediante prórrogas anuales, a un despliegue permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves. Además, la enmienda aumenta hasta los 800 efectivos y 14 aeronaves el límite para despliegues temporales, de modo que la base sevillana podrá acoger hasta 3.000 militares estadounidenses en momentos puntuales.
La demanda de los afectados, así, se dirigía contra VBR, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe), el Gobierno de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa de España yVectrus, actual adjudicataria del contrato de mantenimiento de la base aérea de Morón de la Frontera.
EE.UU. se declara inmune
Estados Unidos, de su lado, alegaba que la documentación no le fue notificada «conforme al derecho internacional», es decir «mediante cauces diplomáticos» y con un plazo de 60 días antes de la comparecencia. Pero además, la Embajada de Estados Unidos en España exponía en un escrito recogido por Europa Press que merced al convenio firmado entre Estados Unidos y España en materia de Defensa, «el Gobierno de Estados Unidos, sus fuerzas armadas, sus organizaciones, unidades, agencias o dependencias no están sujetos a los procedimientos ante los tribunales españoles promovidos por los empleados de contratistas o de concesionarios que efectúan trabajos en España para las fuerzas de Estados Unidos». De hecho, EEUU no asistió al juicio celebrado el pasado 24 de septiembre para resolver la impugnación de este ERE.
Pues bien, a través de una sentencia emitida el 7 de octubre, la sala de lo Social del TSJA admite que en el convenio bilateral de defensa entre España y Estados Unidos «se hace valer expresamente por los Estados Unidos su inmunidad ante los tribunales españoles, respecto de su gobierno y fuerzas armadas, por los procesos promovidos por los empleados de las contratistas que efectúan sus trabajos en España para las Fuerzas de Estados Unidos», toda vez que los empleados despedidos en este caso «tienen su contrato de trabajo con la contratista VBR y está, a su vez, un contrato de servicios para actividades de mantenimiento y apoyos» con la Usafe.
Por tanto, y después de que Estados Unidos invocase además el convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados internacionales, «procede declarar la inmunidad de jurisdicción del Gobierno de Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas respecto a la presente demanda, que está resolviendo sobre la extinción de unos contratos de trabajo entre una contratista y sus trabajadores y en ningún caso entre Estados Unidos y éstos», según el TSJA, que en consecuencia no entra a «valorar la existencia del fraude de ley» denunciado por los despedidos por presunta «cesión ilegal» de trabajadores.
