Morón. El ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, ha hecho oídos sordos a la petición de los trabajadores de la Base militar de Morón de la Frontera (Sevilla) de que defienda los puestos de trabajo frente al nuevo ERE –y van tres– que finalmente ha planteado Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), la sociedad que gestiona los servicios civiles para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. De este modo, mientras el patriótico Gobierno de Mariano Rajoy Brey, muy preocupado de crear empleo, autoriza el aumento de 900 militares y 18 aviones norteamericanos más, acepta sin rechistar el despido de decenas de trabajadores españoles en esa base militar de utilización conjunta.
En los primeros días de julio, el portavoz parlamentario de Izquierda Plural y diputado de IU, José Luis Centella, remitió una carta a Morenés pidiéndole que abogue ante los norteamericanos por el mantenimiento de los puestos de trabajo de los civiles españoles en la Base de Morón y que exija a los contratistas estadounidenses la aplicación de los convenios y el mantenimiento del empleo. El ministro no le ha contestado. Antes de enviarle la carta, varios miembros del comité de empresa se desplazaron a Madrid y, acompañados por el diputado del PP Ricardo Tarno y el senador socialista Enrique Abad, lograron hablar con Morenés y solicitar su intervención para que los norteamericanos mantengan los puestos de trabajo.
La concesionaria VBR ya aprovechó la primera reforma laboral del PSOE para eliminar empleo fijo. A mediados de 2010 presentó el primer ERE con el fin de suprimir “por causas organizativas” 286 de los 594 puestos de trabajo. La negociación permitió reducir la cifra inicial a 150 despidos. Después quedó en 119 porque 31 trabajadores habían sido despedidos antes. Su inclusión en el ERE fue una práctica presuntamente fraudulenta que está siendo investigada por el juzgado 15 de Sevilla.
Los ejecutivos de VBR volvieron a la carga el año pasado, con el despidió de otros 66 trabajadores mediante un ERE que “no se ajustaba a derecho”, según sentenció el Tribunal Superior de Andalucía (TSA) en abril pasado. Los norteamericanos aplicaron la reforma laboral del PP que abarató el despido a 20 días por año. Aunque la sentencia del TSA no les obliga a readmitir a los trabajadores, la han recurrido al Tribunal Supremo y, tal como se temían los miembros del comité de empresa, han seguido adelante con más despidos. El lunes pasado comunicaron vía notarial que el 4 de agosto abren un nuevo un periodo de consultas para realizar otro “despido colectivo”.
El portavoz del comité de empresa, Javier Domínguez, manifestó a varios periódicos su “absoluta indignación” y la de sus compañeros porque, una vez más, como ya ocurrió en 2010, los norteamericanos actúan con “agosticidad” y aprovechan las vacaciones estivales para debilitar la reacción de la plantilla. El nuevo hachazo a la ya menguada plantilla no ha sido cuantificado todavía, pero la movilización en defensa de los puestos de trabajo ya ha comenzado.
En esta tesitura, el portavoz socialista en la Comisión de Defensa, Diego López Garrido, ha encabezado la exigencia de la oposición al ministro Morenés de que comparezca en el Congreso y explique cuáles han sido sus gestiones, si ha hecho alguna y si está dispuesto a hacer alguna más.
“Un ministro de Defensa no se reúne con un Comité de una empresa privada, si no cree que puede ser parte de la solución”, razona López Garrido. Tanto IU como el PSOE consideran una burla lo que está ocurriendo y denuncian la “prepotencia” del PP por haber rechazado sus iniciativas parlamentarias para que si hemos de soportar la creciente presencia militar norteamericana en territorio español, se garanticen por lo menos los 2.500 puestos de trabajo entre Morón y Rota.
“Resulta absolutamente sorprendente –añade López Garrido– que el Gobierno no pueda frenar un hecho que nos parece inaceptable: a la vez que hay un mayor uso de la base de Morón por los EEUU y un aumento de la llegada de personal militar hasta 900 marines, se produce el despido de trabajadores españoles, lo que significa un desequilibrio absoluto de las relaciones entre España y EEUU bajo el manto del convenio bilateral de defensa”. En su opinión, esto demuestra “la incapacidad del Ejecutivo” y un “absoluto desprecio” hacia los trabajadores.
