Esto no acaba aquí", declara el portavoz del comité de empresa recordando que la sentencia da "la razón" a los trabajadores
SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El comité de empresa de 'Vinnell-Brown
& Root Spain' (VBR), la sociedad gestora de los servicios civiles de
la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo uso comparten
Estados Unidos y España, estudia recurrir la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara "no ajustado a
derecho" el expediente de regulación de empleo (ERE) saldado con 66
despidos en septiembre de 2013. Javier Domínguez, portavoz del comité de
empresa, ha manifestado a Europa Press que los trabajadores están
"contentos" porque la sentencia les "da la razón", pero "decepcionados"
porque los despidos no son anulados". "Esto no acaba aquí", ha dicho.
"La sentencia nos da la razón. Ha quedado demostrado que no había
causas productivas u organizativas para los despidos", ha dicho el
portavoz del comité de empresa, quien explica que los trabajadores están
"contentos" por ese lado. No obstante, no oculta que los 66 empleados
despedidos están "decepcionados", porque al ser declarados los despidos
"improcedentes, pero no nulos", ellos "tendrán una mayor indemnización
por despido, pero siguen a los pies de los caballos" al no recuperar sus
puestos de empleo. "Esto no acaba aquí", ha avisado explicando que los
trabajadores despedidos, no obstante, serán quiénes decidan si recurrir o
no el fallo ante el Tribunal Supremo.
Como muestran las hemerotecas, la empresa gestora de los servicios
civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010
un primer expediente de regulación de empleo "por causas organizativas",
para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a
tales servicios. Durante la negociación, la compañía y el comité de
empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la
destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas
al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían
causado ya baja en la empresa, extremo que por cierto investiga el
Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.
Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su
presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue
de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo
ERE. En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, 'VBR'
consumó el despido de 66 trabajadores con indemnizaciones de 20 días por
año de servicio, el mínimo estipulado por la vigente regulación
laboral. Mientras Estados Unidos está ampliando aún más su presencia
militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en
estas instalaciones, el pasado 19 de febrero la sala de lo Social del
TSJA celebró el juicio correspondiente a la demanda colectiva formulada
por los citados 66 trabajadores contra sus despidos. Para los
trabajadores el ERE de 2013 no tenía otro objetivo que avanzar hacia el
número de despidos planeado en la regulación de 2010.
MÁS MARINES
La sentencia del TSJA, dictada el 31 de marzo y recogida por
Europa Press, expone que, en efecto, en mayo de 2013 la base acogió el
despliegue "temporal" de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, siendo
entonces contratados nueve empleados de manera temporal. En julio de
aquel año, y según el fallo, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos
indicaron a 'VBR', como sociedad adjudicataria de la gestión de los
servicios civiles de estas instalaciones, "su propósito de no dotar
partida de gasto alguno para los 70 contratos calificados como de
'retención' a partir del 30 de septiembre de 2013, en el contexto de un
dimensionamiento adecuado de la carga de trabajo a realizar", lo que
finalmente se tradujo en los citados 66 despidos.
En ese sentido, media en el asunto un informe pericial que refleja
"la no existencia de cambios que supongan disminución apreciable de la
actividad a desarrollar en la comparativa entre las condiciones de
contratación de 2009 y la actualidad, apreciándose por el contrario un
incremento de tareas en determinados departamentos, como los de
dirección y administración, transportes o control de material". Al
respecto, el tribunal señala que si bien la empresa alegaba para los
despidos "la modificación de las condiciones de la prestación
contractual", el citado informe "deniega básicamente la concurrencia de
las causas productivas aducidas por la empresa", tratándose de un
estudio "fundado en los datos ofrecidos" por la propia compañía.
En paralelo, tanto el informe como la sentencia señalan el
desembarco de "una nueva fuerza expedicionaria que precisaría una mayor
cantidad de servicios de distinto orden" en las instalaciones. La
sentencia, no obstante, descarta una vulneración de derechos
fundamentales porque si bien los demandantes alegaban que la empresa
había "preferido" consumar los despidos sobre empleados españoles en
lugar de la plantilla estadounidense, el tribunal señala la "evidente
desproporción favorable a los trabajadores españoles en relación al
número total de empleados", considerando que no ha sido acreditada
ninguna "conducta discriminatoria".
"NO AJUSTADO A DERECHO"
La sentencia, además, descarta la tesis de que 'VBR' incurriese en
una mala fe negociadora, manifestando la legitimidad de que la empresa
demandada defendiese "sus criterios" a la hora de negociar los términos
del expediente de regulación de empleo. De tal manera, el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía estima parcialmente la demanda
colectiva de los trabajadores despedidos y declara "no ajustada a
derecho la decisión extintiva", si bien se trata de un fallo susceptible
de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
